El debate en torno a la prostitución y su posible «naturalización» por parte de organismos internacionales ha vuelto a cobrar fuerza, especialmente en el contexto de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Desde hace varios años, diversas coaliciones han asistido a las asambleas de la OEA para enfrentarse a las demandas de grupos que abogan por los «derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual».
Sin embargo, la causa de la naturalización es vista por algunos como «indefendible» y de poco impacto real.La situación ha escalado significativamente con la reciente intervención de Reem Alsalem, Comisionada de la ONU sobre Violencia Contra la Mujer.
Alsalem ha hecho pública una carta que cuestiona severamente al Secretario General de la OEA por una presunta intención de abrir una oficina con la finalidad de «naturalizar» la prostitución. La relatora de la ONU advierte que esta medida podría conducir a la existencia de «Estados proxenetas».
La gravedad de lo que esto implica es inmensa. Desde la perspectiva de quienes se oponen, la naturalización de la prostitución representa directamente violencia en contra de las mujeres.
Va más allá, significando trata de personas y una profunda vulneración de la dignidad humana. En esencia, se percibe como el acto de «convertir a una persona en una mercancía, en un objeto».
A pesar de que la señora Alsalem no se identifica como provida, su liderazgo en esta demanda es considerado justo y cuenta con amplio apoyo.Alsalem ha sido contundente en sus palabras: afirma que «es incompatible el nombramiento de una Comisionada para los Derechos de las Personas ‘Trabajadoras Sexuales’ promoviendo en la región a los compradores de actos sexuales, proxenetas y tratantes, e incluso a Estados Proxenetas mientras naturaliza las violencias que viven las mujeres prostituidas».
Esta declaración subraya una preocupación fundamental: la creación de una figura o un espacio institucional que, bajo el pretexto de defender derechos, podría terminar legitimando y promoviendo prácticas explotadoras.La defensa de la dignidad humana en este contexto ha sido una lucha constante.
Queremos destacar el extraordinario trabajo de seguimiento realizado por el Global Center for Human Rights durante la Cumbre de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Asimismo, nuestro respeto y admiración a figuras como Neydi Casillas, Sebastián Shuff y Manuel Acosta por su ferviente, denodada y valiente tarea en esta causa.
Este debate es un recordatorio crucial de que la protección de los derechos humanos y la erradicación de la violencia de género deben ser prioridades absolutas para cualquier organización internacional.
La naturalización de la prostitución no es un camino hacia la libertad, sino hacia una mayor precarización y vulneración de la vida de las mujeres y personas en situación de vulnerabilidad.
Es imperativo que las instituciones globales refuercen su compromiso con la dignidad de cada persona, rechazando cualquier iniciativa que pueda perpetuar la explotación.
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