El pasado viernes, 22 de julio de 2025, un evento sin precedentes sacudió a la comunidad evangélica en México, marcando lo que muchos consideran un grave atentado contra la libertad y las expresiones religiosas en el país. El gobierno de la Ciudad de México, con la asistencia de la Guardia Nacional, intervino y desalojó el vasto predio de la Iglesia de las Asambleas de Dios, un lugar de profunda significancia histórica y espiritual.
Un Predio con Historia Profunda
El terreno en cuestión, limitado por la Avenida Ferrocarril de Cintura, la calle Alarcón y la Avenida Congreso de la Unión, no es un sitio cualquiera. Es un predio histórico que data de los tiempos de la conquista española, habiendo sido el lugar de la primera construcción española posterior a la caída de Tenochtitlán: un embarcadero conocido como la Casa de las Ataranzanas, donde Hernán Cortés guardaba sus barcos, pues hasta allí llegaban las aguas del lago de Texcoco.
Con el paso de los años, el lugar albergó un convento que se transformó en el hospital San Lázaro, dedicado a personas con enfermedades incurables, alejado entonces de la ciudad. En el Siglo XX, este valioso predio fue entregado en custodia a la Iglesia de las Asambleas de Dios.
Aquí, la iglesia levantó un templo, el Instituto Anna Sanders –en memoria de la misionera fundadora de la obra de Asambleas de Dios en México–, una escuela adyacente y oficinas para diversos ministerios. Dada la gran extensión del predio, de más de 10 mil metros cuadrados, la propia iglesia organizó una inmobiliaria para administrar y rentar espacios a empresas, evidenciando su actividad y uso del lugar.
El Conflicto Latente y el Desalojo Violento
La posesión y uso de este predio ha estado en conflicto por años. Una de las razones aducidas es que el lugar alberga las ruinas del templo de San Lázaro, las cuales han estado sin cuidado o intervención de las autoridades, al punto de que una bóveda colapsó hace unos años. Además, el predio ha sufrido múltiples invasiones y actos de vandalismo, y existen varios juicios en proceso relacionados con su propiedad.
Su ubicación en una zona altamente comercial también lo hace atractivo a diversos intereses. Las autoridades han argumentado que el predio está «subutilizado».Sin embargo, el desalojo ocurrido el pasado viernes se llevó a cabo de una manera sumamente violenta, y lo más crítico, cuando los juicios aún están en proceso y no se han dictado sentencias definitivas.
Durante la intervención, el Seminario Teológico Anna Sanders, que ha sido un pilar en la formación de pastores y líderes evangélicos por más de 55 años, y la iglesia “Jesucristo Luz a las Naciones” fueron cerrados por completo. La participación de la Guardia Nacional en el desalojo eleva el incidente a un asunto de índole federal.
Una Expropiación con Preocupantes Implicaciones
Las autoridades de las Asambleas de Dios han anunciado que están armando su defensa jurídica para revertir lo que consideran una expropiación en toda regla. La excusa oficial para esta expropiación es la presencia de vestigios coloniales en estado ruinoso, lo que les proporciona un «pretexto perfecto».
El incidente cobra una dimensión aún más preocupante al considerar el contexto político actual de México. El gobierno de la Ciudad de México y la administración federal son percibidos como de izquierda, con inclinaciones autoritarias. Se señala que la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, y la presidenta del país, la doctora Claudia Sheinbaum, son personas ateas.
Con un Congreso «totalmente solícito para avalar cualquier cosa que el ejecutivo les envíe» y un poder judicial que se percibe como «sometido», el escenario para las expresiones religiosas es verdaderamente inquietante. Un dato crucial que surge de las fuentes es que más del 70% de los templos en México son propiedad federal.
Esto implica que el Estado tiene la potestad de reclamarlos y darles una «utilidad pública», bajo cualquier interpretación que decidan darle a este concepto. Esto genera una vulnerabilidad palpable para la mayoría de los recintos religiosos en el país.
Este evento no es un hecho aislado. Previamente, el gobierno de la Ciudad de México realizó un espectáculo audiovisual sobre la fachada de la Catedral Metropolitana, corazón del catolicismo mexicano, que incluyó imágenes LGBT y del aborto, lo cual fue considerado un «insulto a la fe». Estos sucesos, en conjunto, pintan un panorama de creciente tensión entre el Estado y las comunidades de fe.
Conclusión: La Fragilidad de la Libertad Religiosa
La expropiación del predio de Asambleas de Dios es un recordatorio sombrío de la fragilidad de las libertades fundamentales en un entorno político cambiante. Más allá del caso particular, este incidente podría sentar un precedente peligroso, abriendo la puerta a futuras intervenciones en propiedades eclesiásticas bajo el amparo de «utilidad pública» o la presencia de vestigios históricos, dejando a las comunidades de fe en una posición de incertidumbre y vulnerabilidad.
Es como si, de repente, los cimientos de una antigua casa, rica en historia y vida, fueran declarados inestables y se procediera a demolerla sin permitir a sus habitantes presentar su defensa completa, dejando en el aire la seguridad y el futuro de otras estructuras similares que comparten la misma base legal.
Este acto no solo despoja a una comunidad de su patrimonio material, sino que también erosiona la confianza en la protección de la libertad de culto, un pilar esencial en cualquier sociedad democrática.
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